viernes, 20 de marzo de 2009
martes, 10 de febrero de 2009
miércoles, 4 de febrero de 2009
¡FELIZ 2009 ACORNIANOS...!!!
Les presento el calendarío 2009... con un poco de retrazo por lo cual les pido mil disculpas, pero vá con TODA LA ENERGIA para que este 2009 todas las oficinas de ACORN INTERNATIONAL pongamos ¡LAS GARRAS! para ganar muchas campañas y el nombre de nuestra organización sea un ejemplo de trabajo para mejorar las comunidades en el mundo, iniciamos el año con bastante trabajo y muchos proyectos y estoy segura que ¡VAMOS A GANAR! así que ¡ADELANTE AMIGOS Y COMPAÑEROS ACORNIANOS!Saludos
Acorn International - Argentina
jueves, 29 de enero de 2009
"NOS OBLIGAN A CUMPLIR CON UNA LEY (257) Y NO RESPETAN UN DERECHO"
LA RAZON
jueves | 08.01.2009 HABRA CREDITOS PARA ARREGLAR EDIFICIOS
Sería a traves del Instituto de Vivienda
Sería a traves del Instituto de Vivienda
El Gobierno porteño reactivó una ley que exige a los vecinos tener en buenas condiciones los frentes y balcones. El problema es el costo: por eso ahora evalúan un préstamo casi a tasa cero.
El Gobierno porteño quiere reactivar una línea de créditos blandos para los vecinos que no pueden cumplir con una polémica ley que obliga a los edificios con más de diez años de antigüedad a presentar un certificado de conservación de sus balcones, medianeras y fachadas. Los créditos estarán destinados a aquellos que no tienen recursos para pagar las refacciones que deben realizar y serían otorgados a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad(IVC).
La ley en cuestión es la 257, que nació con problemas: promulgada en 1999, después de varios balcones caídos, recién se hizo efectiva en 2006, cuando la gestión municipal de entonces llegó a enviar más de 60.000 intimaciones a los vecinos. Sin embargo, duró poco: la ola de cartas resultó un problema para la Comuna, que de repente debía resolver un aluvión de expedientes. Y todo volvió a cero.
En mayo último, la ley fue reactivada por la actual gestión de Mauricio Macri y hoy está en plena vigencia. En esta nueva etapa el gobierno porteño -a través de la Agencia Gubernamental de Control Comunal (AGC)- ya intimó a 18.000 vecinos para que se pongan al día con la seguridad de sus frentes.
"Se están haciendo intimaciones a dos mil propietarios por mes, una cifra que se mantiene mes a mes desde abril del año pasado. Hay buena respuesta: se están recibiendo entre 1.400 y 1.500 contestaciones por mes", explicó a La Razón Raúl Uncal, jefe del Departamento de Programación y Coordinación Operativa de la AGC.
En la Ciudad hay unos 320.000 edificios, pero la norma 257 sólo contempla a los que tienen más de diez años y dos o más pisos (también a casas con ésas características). La norma establece que los propietarios de esas construcciones deben presentar un certificado que acredite que su frente, fachada, medianera, balcones y cualquier superficie que esté en contacto con la interperie se encuentran en buen estado. Para eso, deben contratar a un arquitecto o ingeniero. Cada edificio tiene 90 días para presentar el certificado, y en caso de que la construcción necesitara una obra, debe avisarle a la AGC cuánto tiempo necesita, para establecer nuevos plazos.
El problema para muchos vecinos es el costo del trámite: sólo por contratar a un profesional que firme el certificado hay que pagar desde 200 pesos a 2.000. Y después, encima, hay que financiar los arreglos. Además, el Gobierno puede sancionar a un consorcio que no presente el certificado con multas de 500 a 2000 pesos. Eso, más el carácter obligatorio de la ley, hizo que desde los consorcios y los vecinos se multipliquen las críticas.
Uncal defiende el carácter "amigable" de la norma. "No es una ley para recaudar, es una ley de seguridad. Es cierto que los consorcios deberán afrontar un costo, pero si un balcón se cae sobre una persona les va a resultar más caro que haber arreglado el frente. Si me dicen 'esto cuesta 5 mil pesos' lo entiendo, pero ¿200 pesos? Es el costo de la tranquilidad. No resiste el menor análisis", sostiene.
Sobre las quejas de los vecinos y consorcios que no pueden pagar una refacción (ver "En Barracas..."), el funcionario aclara: "El Gobierno va a contemplar los casos de viviendas de escasos recursos. Pero si tienen un problema de seguridad hay que arreglarlo sí o sí, por eso estamos trabajando con el IVC para reactivar una línea de créditos casi a tasa cero y con plazos muy convenientes, 20 o 30 años. Formará parte de un plan poligonal de recuperación". Desde la Comuna señalan que aún falta ajustar detalles para hacer el anuncio de los créditos. "Esperamos que esté disponible en uno o dos meses", concluye Uncal.
http://www.larazon.com/notas/2009/01/07/01835148.html
El Gobierno porteño quiere reactivar una línea de créditos blandos para los vecinos que no pueden cumplir con una polémica ley que obliga a los edificios con más de diez años de antigüedad a presentar un certificado de conservación de sus balcones, medianeras y fachadas. Los créditos estarán destinados a aquellos que no tienen recursos para pagar las refacciones que deben realizar y serían otorgados a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad(IVC).
La ley en cuestión es la 257, que nació con problemas: promulgada en 1999, después de varios balcones caídos, recién se hizo efectiva en 2006, cuando la gestión municipal de entonces llegó a enviar más de 60.000 intimaciones a los vecinos. Sin embargo, duró poco: la ola de cartas resultó un problema para la Comuna, que de repente debía resolver un aluvión de expedientes. Y todo volvió a cero.
En mayo último, la ley fue reactivada por la actual gestión de Mauricio Macri y hoy está en plena vigencia. En esta nueva etapa el gobierno porteño -a través de la Agencia Gubernamental de Control Comunal (AGC)- ya intimó a 18.000 vecinos para que se pongan al día con la seguridad de sus frentes.
"Se están haciendo intimaciones a dos mil propietarios por mes, una cifra que se mantiene mes a mes desde abril del año pasado. Hay buena respuesta: se están recibiendo entre 1.400 y 1.500 contestaciones por mes", explicó a La Razón Raúl Uncal, jefe del Departamento de Programación y Coordinación Operativa de la AGC.
En la Ciudad hay unos 320.000 edificios, pero la norma 257 sólo contempla a los que tienen más de diez años y dos o más pisos (también a casas con ésas características). La norma establece que los propietarios de esas construcciones deben presentar un certificado que acredite que su frente, fachada, medianera, balcones y cualquier superficie que esté en contacto con la interperie se encuentran en buen estado. Para eso, deben contratar a un arquitecto o ingeniero. Cada edificio tiene 90 días para presentar el certificado, y en caso de que la construcción necesitara una obra, debe avisarle a la AGC cuánto tiempo necesita, para establecer nuevos plazos.
El problema para muchos vecinos es el costo del trámite: sólo por contratar a un profesional que firme el certificado hay que pagar desde 200 pesos a 2.000. Y después, encima, hay que financiar los arreglos. Además, el Gobierno puede sancionar a un consorcio que no presente el certificado con multas de 500 a 2000 pesos. Eso, más el carácter obligatorio de la ley, hizo que desde los consorcios y los vecinos se multipliquen las críticas.
Uncal defiende el carácter "amigable" de la norma. "No es una ley para recaudar, es una ley de seguridad. Es cierto que los consorcios deberán afrontar un costo, pero si un balcón se cae sobre una persona les va a resultar más caro que haber arreglado el frente. Si me dicen 'esto cuesta 5 mil pesos' lo entiendo, pero ¿200 pesos? Es el costo de la tranquilidad. No resiste el menor análisis", sostiene.
Sobre las quejas de los vecinos y consorcios que no pueden pagar una refacción (ver "En Barracas..."), el funcionario aclara: "El Gobierno va a contemplar los casos de viviendas de escasos recursos. Pero si tienen un problema de seguridad hay que arreglarlo sí o sí, por eso estamos trabajando con el IVC para reactivar una línea de créditos casi a tasa cero y con plazos muy convenientes, 20 o 30 años. Formará parte de un plan poligonal de recuperación". Desde la Comuna señalan que aún falta ajustar detalles para hacer el anuncio de los créditos. "Esperamos que esté disponible en uno o dos meses", concluye Uncal.
LA RAZON
07.01.2009 | La Razon | Información general En Barracas suman quejas y denuncias
Las intimaciones que la Comuna está haciendo a través de la Agencia Gubernamental de Control Comunal (AGC) cayeron mal entre los vecinos de Barracas y La Boca. "La facultad de control debe ser responsabilidad del Gobierno, no de cada propietario, pero como no hay inspectores suficientes nos pasan la responsabilidad a los vecinos", se lamenta Rosaura Muñoz, organizadora de la asociación vecinal Acorn Argentina. "Muchos vecinos no contestaron la intimación porque tienen bajos recursos, no pueden pagar un arquitecto o un ingeniero. Ahora temen que les apliquen las multas", cuenta Muñoz. "Desde diciembre veninos pidiendo facilidades y préstamos, pero nunca obtuvimos respuesta", agrega. Para ella y otros propietarios intimados la llegada de los créditos blandos del IVC es una buena noticia, pero tardía.http://www.larazon.com/notas/2009/01/07/01835148.html
miércoles, 28 de enero de 2009
ACORN Tijuana con todo demandando al Infonavit
Baja California
Vende Infonavit cartera vencida
HABITANTES de Praderas del Sol y miembros de la Asociación de Comunidades Organizadas para las reformas necesarias en México AC se manifestaron frente a las oficinas de Infonavit.
Riesgo de desalojo a 7 mil familias
El Sol de Tijuana
28 de enero de 2009
por Néstor Cruz
Tijuana.- Más de siete mil familias podrían quedar en la calle porque el Infonavit vendió su cartera vencida a dos empresas extranjeras, denunció Laura Elena Meléndez, habitante de Praderas del Sol y miembro de la Asociación de Comunidades Organizadas para las reformas necesarias en México AC (ACORN).
Junto con otras madres solteras, la señora Meléndez se manifestó en las afueras del Infonavit en la ciudad para acusar a las empresas de origen norteamericano de contratar "bufetes jurídicos", que día y noche les hostigan con que paguen deudas "impagables" con la amenaza de desalojarlos de sus bienes.
"Nosotros estamos aquí en Infonavit para hacer una petición sobre nuestros créditos, por ejemplo yo no estoy aportando pero mi esposo sí, pero a mí me están llegando avisos y con mucha amenaza de que nos van a desalojar ya mi no se me hace justo", afirmó.
La madre de familia explicó que en su domicilio por casi 12 años sin interrupción su esposo nunca a dejado de aportar en su crédito.
Y aunque otras madres solteras no pueden pagar constantemente por cuestiones de salud, es injusto que en primera el Infonavit vendió sus deudas a las empresas scrap y pendulum, y además estas ultimas contraten bufets jurídicos para hostigar a las familias.
"Incluso nos están llamando todos los días y a cualquier hora para decirnos que nos desalojaran, y nosotros venimos para decir que no nos parece justo que nos vayan a desalojar y pues así, las aportaciones de mi esposo ¿dónde van a quedar?" indicó.
No obstante, Elena Meléndez aseguró que aun tiene disposición a pagar dicha deuda, pero el jurídico les pide un enganche de 67mil pesos, y aportaciones mensuales de 3 mil 800 pesos, "¿de donde los vamos a sacar?" imploró.
Los afectados, agregó, no solo son del fraccionamiento praderas del sol, son de muchas colonias de interes social donde el Infonavit apoyó, en total son siete mil, en la ciudad, pero en baja California son muchos mas, inclusive este conflicto esta presente en muchas partes de la nación.
"Venimos a pedir que nos den una solución, no es la intención de dejar de pagar, jamás se ha dicho que se quiere dejar de pagar, pero sí algo justo", exclamó
Finalmente la entrevistada dijo que por el hostigamiento del jurídico, muchas familias han optado por abandonar sus casas de interes social, para irse a rentar a otra zona de la ciudad, y aunque no se han visto desalojos por parte del cuerpo jurídico, aseguró que el miedo entre los afectados es constante, sobre todo por las intermitentes llamadas amenazantes.
"Esto es terrorismo porque incluso nuestros hijos están asustados, en mi caso, mi hijo me dice "mamita ya no voy a ir a la escuela, para ponerme a trabajar y ayudarte a pagar" y eso no me parece justo mi niño hoy cumple 15 años, entonces imagínese el tormento es que sus hijos no quieren ir ya a la escuela por ayudarle a uno a pagar", concluyó.
Vende Infonavit cartera vencida
HABITANTES de Praderas del Sol y miembros de la Asociación de Comunidades Organizadas para las reformas necesarias en México AC se manifestaron frente a las oficinas de Infonavit.
Riesgo de desalojo a 7 mil familias
El Sol de Tijuana
28 de enero de 2009
por Néstor Cruz
Tijuana.- Más de siete mil familias podrían quedar en la calle porque el Infonavit vendió su cartera vencida a dos empresas extranjeras, denunció Laura Elena Meléndez, habitante de Praderas del Sol y miembro de la Asociación de Comunidades Organizadas para las reformas necesarias en México AC (ACORN).
Junto con otras madres solteras, la señora Meléndez se manifestó en las afueras del Infonavit en la ciudad para acusar a las empresas de origen norteamericano de contratar "bufetes jurídicos", que día y noche les hostigan con que paguen deudas "impagables" con la amenaza de desalojarlos de sus bienes.
"Nosotros estamos aquí en Infonavit para hacer una petición sobre nuestros créditos, por ejemplo yo no estoy aportando pero mi esposo sí, pero a mí me están llegando avisos y con mucha amenaza de que nos van a desalojar ya mi no se me hace justo", afirmó.
La madre de familia explicó que en su domicilio por casi 12 años sin interrupción su esposo nunca a dejado de aportar en su crédito.
Y aunque otras madres solteras no pueden pagar constantemente por cuestiones de salud, es injusto que en primera el Infonavit vendió sus deudas a las empresas scrap y pendulum, y además estas ultimas contraten bufets jurídicos para hostigar a las familias.
"Incluso nos están llamando todos los días y a cualquier hora para decirnos que nos desalojaran, y nosotros venimos para decir que no nos parece justo que nos vayan a desalojar y pues así, las aportaciones de mi esposo ¿dónde van a quedar?" indicó.
No obstante, Elena Meléndez aseguró que aun tiene disposición a pagar dicha deuda, pero el jurídico les pide un enganche de 67mil pesos, y aportaciones mensuales de 3 mil 800 pesos, "¿de donde los vamos a sacar?" imploró.
Los afectados, agregó, no solo son del fraccionamiento praderas del sol, son de muchas colonias de interes social donde el Infonavit apoyó, en total son siete mil, en la ciudad, pero en baja California son muchos mas, inclusive este conflicto esta presente en muchas partes de la nación.
"Venimos a pedir que nos den una solución, no es la intención de dejar de pagar, jamás se ha dicho que se quiere dejar de pagar, pero sí algo justo", exclamó
Finalmente la entrevistada dijo que por el hostigamiento del jurídico, muchas familias han optado por abandonar sus casas de interes social, para irse a rentar a otra zona de la ciudad, y aunque no se han visto desalojos por parte del cuerpo jurídico, aseguró que el miedo entre los afectados es constante, sobre todo por las intermitentes llamadas amenazantes.
"Esto es terrorismo porque incluso nuestros hijos están asustados, en mi caso, mi hijo me dice "mamita ya no voy a ir a la escuela, para ponerme a trabajar y ayudarte a pagar" y eso no me parece justo mi niño hoy cumple 15 años, entonces imagínese el tormento es que sus hijos no quieren ir ya a la escuela por ayudarle a uno a pagar", concluyó.
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